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La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) será recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

El viernes 26 de mayo AMARC presentará un informe ante la CIDH, sobre la situación del derecho a la libertad de expresión y las radios comunitarias del Cono Sur. La presentación estará a cargo del Dr. Damián Loreti, vicepresidente internacional de AMARC y Programa de Legislaciones.

En la región la problemática del sector comunitario incluye cierres de medios, penalizaciones, restricciones de contenidos, limitaciones de potencia y alcance en algunos casos por ley, y en Uruguay esta limitación se da de facto.

El informe recoge la situación de las radios comunitarias en Uruguay, donde se denuncia el funcionamiento de los organismos responsables de las comunicaciones en el país, el congelamiento de la adjudicación de frecuencias comunitarias luego de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), el atraso en nombrar a la Comisión Honoraria de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene opinión preceptiva en la reglamentación de la LSCA, y la discriminación del sector comunitario en la asignación de publicidad oficial.

En Uruguay hay un proyecto de ley a estudio del Parlamento, que no incluye mecanismos efectivos para terminar con la discriminación del sector. La discriminación en la asignación de publicidad oficial, es un mecanismo de censura indirecta, que en el país se aplica a todo el sector comunitario, donde los medios no son considerados en la distribución de la publicidad oficial, salvo raras excepciones puntuales.

Anexamos:

Carta que la Asamblea de AMARC en Diciembre de 2016 AMARC resolvió enviar a la Dinatel.

Propuestas sobre el proyecto de ley de publicidad oficial que AMARC presentó en el Parlamento.

La sesión es pública y se realiza en el Hotel Sheraton de la ciudad de Buenos Aires, salón A, de 10.15 a 11.15 hs. La Audiencia se puede seguir en tiempo real en la página CIDH

AMARC Uruguay – Mayo de 2017

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Ante el llamado a operadores de Tv Comunitaria

en referencia a la Declaración de la Asamblea del 19 de mayo.
En el actual contexto de discusión pública sobre políticas de comunicación en Uruguay, desde Amarc reconocemos la importancia de legislar para garantizar los derechos de comunicación y libertad de expresión y, por esa razón, saludamos la iniciativa de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) enviada por el gobierno al parlamento. Esperamos que esta Ley integre las recomendaciones del Comité Técnico Consultivo (CTC) organizado por la Direccion Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), donde diversas organizaciones de la sociedad civil el sector comercial y el Estado generaron diversos acuerdos sobre el tema, durante el año 2010.
Desde el Sector Comunitario vemos necesario que sean respetados algunos principios que son importantes para garantizar un verdadero proceso de democratización de las comunicaciones, coherente con algunos pasos en los que Uruguay ya ha avanzado. La ley 18.232 de Radiodifusión Comunitaria es un buen antecedente, ya que define al Sector Comunitario con sus características propias, así como establece mecanismos transparentes de adjudicación de recuencias.
Lamentamos profundamente que al momento de regular el proceso de Digitalización de la Televisión, estos principios no hayan sido tenidos en cuenta. El decreto de Televisión Digital Terrestre de Mayo 2012, estableció privilegios a los actuales operadores del Sector Comercial, al otorgarles en forma directa un canal completo. En el posterior decreto del 31 de diciembre del 2012, se profundiza ese privilegio eximéndolos de presentar su proyecto comunicacional, así como de la evaluación de sus proyectos por parte del Comité Honorario Asesor Independiente (CHAI), así como de la realización de una audiencia pública. También cambia las condiciones de la renovación para la primera vez, dónde sólo se evaluará el plan de comunicación, sin tener en cuenta la
existencia de otros interesados. Considerando los 15 años de la adjudicación inicial, que ya es desmedida, esta modificación en los hechos genera adjudicaciones por 25 años.
Por otra parte, el pliego del llamado a operadores de Televisión Comunitaria desconoce la ley 18.232, igualando el Sector Comunitario al Comercial, y poniendo exigencias que nada tienen que ver con un sector incipiente, que necesita de políticas de promoción que posibiliten su desarrollo. El pliego ahoga al sector en exigencias técnicas, de programación, y de gestión que ni siquiera exige a los actuales operadores de TV comercial, utilizando el término de “discriminación positiva” de una forma al menos irónica.
La concepción que los sustenta nada tiene que ver con lo que entendemos debe ser la Televisión Comunitaria, una tv de los sectores populares, de aquellos que han sido históricamente silenciados.
Un llamado en el que hay que pagar para acceder al pliego, el que se solicitan planes de inversión, estudios televisivos costosos, es inaccesible para el sector comunitario.
Para generar aún más contradicciones, el puntaje con el que se evalúa el pliego, nada tiene que ver con el contenido del mismo. Entonces, esto no es un llamado a operadores de Tv Comunitaria.
Estos argumentos han sido vertidos en el Comité Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y elevados a Dinatel y queda claro que han sido desconocidos.
Por todo esto, es que desde Amarc Uruguay rechazamos el llamado a operadores de Tv Comunitaria ya que es un grave retroceso en la definición del sector y no solo no aporta a su desarrollo sino que le genera serios problemas. En una operación ambigua se reconoce para negar, se abre un llamado que desde sus comienzos es inaccesible para sus destinatarios. En un contexto de privilegios para los que más tienen, y de exigencias y castigos a los más desposeídos, cabe preguntarse el sentido de una ley de medios si se mantienen estas posturas que lejos están de democratizar las comunicaciones.

Mesa Nacional
Belén Itza
Henry De Leon
Omar Albornoz

Contacto:
Belén Itza – Cel 098919413.
mesanacional@amarcuruguay.org

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Se presento Ley de servicio comunicación audiovisual al parlamento

El poder ejecutivo presento hoy el proyecto de ley que propone la regulación de los servicios de comunicación audiovisual.

El proyecto de ley que contiene 183 artículos en su explicación de motivos establece que pretende establecer reglas claras que permitan generar un sistema de medios armónico, con una competencia justa y equilibrada entre los operadores.

La ley establece la naturaleza de SCA como servicios culturales de carácter estratégico para el desarrollo nacional; y dispone que los mismos son de interés público.