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NI ASONADA NI DELITO

Comunicado / Montevideo, 06 de noviembre de 2013

 La Asociación Mundial de Radios Comunitarias – Amarc Uruguay repudia el fallo de la jueza Gabriela Merialdo, que termina con el procesamiento sin prision por el delito de asonada de Patricia Borda, Irma Leites, Alvaro, Eduardo y Diego Jaume, Anibal Varela y Jorge Zabalza, todos ellos militantes sociales.

Estas acciones generan de hecho las condiciones para criminalizar la protesta, cercenando el derecho de los ciudadanos a manifestare públicamente y violando la libertad de expresión.

Esta es una muestra más de que el Poder Judicial en nuestro país está en un proceso donde no es tan visible su caracater de actor independiente de los poderes y por lo tanto perjudica la imagen de justicia, a través de estas decisiones ciertamente discutibles y poco transparentes que alejan al Poder Judicial de la búsqueda de verdad y justicia, manteniendo la impunidad para los responsables de delitos de Lesa humanidad.

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Sobre la adjudicación de TV Digital

 La Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Uruguay (AMARC) felicita al PIT-CNT, por la adjudicación para construir el proyecto Mi Canal, que se transformará en el primer medio de televisión digital comunitaria en Uruguay!!!

 Desde AMARC valoramos muy especialmente el trabajo realizado en los espacios de participación ciudadana, el CHARC y la CHAI, cuya opinión es esencial, ya que se trata de espacios participativos que actuaron con procedimientos claros y transparentes, lo que significó un paso histórico para el país en materia de adjudicación de frecuencias para televisión.

 Como ya se ha expresado, lamenta que a los tres canales comerciales, cuyos dueños concentran la inmensa mayoría de los medios audiovisuales del país, se les haya adjudicado un canal completo sin exigir que presenten al menos un plan para las señales adicionales que se les adjudicaron en forma automática.

 Sobre las nuevas adjudicaciones del sector comercial, se valora muchísimo que el gobierno haya optado por no cambiar las reglas de juego, y que haya respetado la opinión de la CHAI, pero nos preguntamos qué sucederá con la adjudicación a VTV si las investigaciones que se están realizando por evasión fiscal sobre el grupo económico confirman el hecho.

AMARC espera que la ampliación de propuestas comunicativas se reflejen en mayor acceso a los medios por parte de los grupos eternamente excluidos y que el nuevo canal comunitario sea un espacio de todos los trabajadores y trabajadoras, que sea un canal donde quepan todas las voces e imágenes excluidas del sistema de medios hasta el momento.

Belén Itza: Representante nacional
Carlos Dardano: Área Legislaciones
Alexis Espíndola: Área Comunicaciones

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Ante el llamado a operadores de Tv Comunitaria

en referencia a la Declaración de la Asamblea del 19 de mayo.
En el actual contexto de discusión pública sobre políticas de comunicación en Uruguay, desde Amarc reconocemos la importancia de legislar para garantizar los derechos de comunicación y libertad de expresión y, por esa razón, saludamos la iniciativa de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) enviada por el gobierno al parlamento. Esperamos que esta Ley integre las recomendaciones del Comité Técnico Consultivo (CTC) organizado por la Direccion Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), donde diversas organizaciones de la sociedad civil el sector comercial y el Estado generaron diversos acuerdos sobre el tema, durante el año 2010.
Desde el Sector Comunitario vemos necesario que sean respetados algunos principios que son importantes para garantizar un verdadero proceso de democratización de las comunicaciones, coherente con algunos pasos en los que Uruguay ya ha avanzado. La ley 18.232 de Radiodifusión Comunitaria es un buen antecedente, ya que define al Sector Comunitario con sus características propias, así como establece mecanismos transparentes de adjudicación de recuencias.
Lamentamos profundamente que al momento de regular el proceso de Digitalización de la Televisión, estos principios no hayan sido tenidos en cuenta. El decreto de Televisión Digital Terrestre de Mayo 2012, estableció privilegios a los actuales operadores del Sector Comercial, al otorgarles en forma directa un canal completo. En el posterior decreto del 31 de diciembre del 2012, se profundiza ese privilegio eximéndolos de presentar su proyecto comunicacional, así como de la evaluación de sus proyectos por parte del Comité Honorario Asesor Independiente (CHAI), así como de la realización de una audiencia pública. También cambia las condiciones de la renovación para la primera vez, dónde sólo se evaluará el plan de comunicación, sin tener en cuenta la
existencia de otros interesados. Considerando los 15 años de la adjudicación inicial, que ya es desmedida, esta modificación en los hechos genera adjudicaciones por 25 años.
Por otra parte, el pliego del llamado a operadores de Televisión Comunitaria desconoce la ley 18.232, igualando el Sector Comunitario al Comercial, y poniendo exigencias que nada tienen que ver con un sector incipiente, que necesita de políticas de promoción que posibiliten su desarrollo. El pliego ahoga al sector en exigencias técnicas, de programación, y de gestión que ni siquiera exige a los actuales operadores de TV comercial, utilizando el término de “discriminación positiva” de una forma al menos irónica.
La concepción que los sustenta nada tiene que ver con lo que entendemos debe ser la Televisión Comunitaria, una tv de los sectores populares, de aquellos que han sido históricamente silenciados.
Un llamado en el que hay que pagar para acceder al pliego, el que se solicitan planes de inversión, estudios televisivos costosos, es inaccesible para el sector comunitario.
Para generar aún más contradicciones, el puntaje con el que se evalúa el pliego, nada tiene que ver con el contenido del mismo. Entonces, esto no es un llamado a operadores de Tv Comunitaria.
Estos argumentos han sido vertidos en el Comité Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y elevados a Dinatel y queda claro que han sido desconocidos.
Por todo esto, es que desde Amarc Uruguay rechazamos el llamado a operadores de Tv Comunitaria ya que es un grave retroceso en la definición del sector y no solo no aporta a su desarrollo sino que le genera serios problemas. En una operación ambigua se reconoce para negar, se abre un llamado que desde sus comienzos es inaccesible para sus destinatarios. En un contexto de privilegios para los que más tienen, y de exigencias y castigos a los más desposeídos, cabe preguntarse el sentido de una ley de medios si se mantienen estas posturas que lejos están de democratizar las comunicaciones.

Mesa Nacional
Belén Itza
Henry De Leon
Omar Albornoz

Contacto:
Belén Itza – Cel 098919413.
mesanacional@amarcuruguay.org

ANTE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (SCJ)

Ante los últimos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) Uruguay, en defensa de los Derechos Humanos, contra la Impunidad, por Verdad, Justicia y Castigo a los culpables de los delitos de Lesa Humanidad expresa:

1. No entendemos el traslado de la Jueza Mariana Mota del ámbito Penal al ámbito Civil como amparado en motivos de mejor servicio o por causa justificada y por lo tanto exigimos una explicación de la SCJ ante los poderes del estado y de la ciudadanía.

2. Nos llama poderosamente la atención que la SCJ haya entendido necesario expedirse sobre la Inconstitucionalidad de algunos artículos de una Ley interpretativa (Ley 18.831) que no estaba en discusión en la causa en la que se emitió el pronunciamiento de la Corte, sin que se expidiera sobre la Inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Ley de Caducidad -15.848).

3. Planteamos al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo que agoten las instancias que correspondan para lograr una explicación que ampare legalmente estas decisiones de la SCJ, y en caso que así no fuera, se tomen las medidas legales que correspondan con la SCJ. Planteamos también que se estudie la posibilidad de presentar una Ley que anule la anterior de la Caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Ley de Caducidad – 15.848) tal vez como único recurso, para que la Justicia vuelva a su estado original y se cumpla con el concepto de imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad como está establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene fuerza de Ley para el Estado uruguayo y que ha establecido la necesidad de remover todo lo que obstruya el cumplimiento de las leyes esenciales y habilite la impunidad de civiles o militares.

Belén Itza – Representante Nacional.
Omar Albornoz – Mesa Nacional.
Henry De Leon – Mesa Nacional.
mesanacional@amarcuruguay.org – Barbato 1480 – 29021236